El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles y surgió ante la falta de una normativa actualizada.
¿Qué pasa con los bienes incautados en casos de narcotráfico, corrupción o trata de personas?
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles y surgió ante la falta de una normativa actualizada.
MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2023 13:48
FUENTE: EL AUDITOR
¿Qué destino tienen las casas, los autos, las embarcaciones, el dinero que es incautado en causas vinculadas al narcotráfico, la corrupción o la trata de personas? Muchas veces terminan en subastas, otras destinadas a organismos públicos y suele suceder que mucho de ese capital se pierda por meras razones burocráticas. El Proyecto Bien Restituido, una iniciativa impulsada por diversas organizaciones civiles, busca justamente restituir estos bienes provenientes de un sector criminal para que puedan ser reutilizados social y económicamente haciendo foco en los sectores más vulnerables.
La propuesta nace ante una necesidad de revisar las legislaciones y profundizar las acciones para combatir las organizaciones mafiosas que operan en Argentina. Actualmente rige la Ley 20.785, una norma de 1974 que tuvo pocas modificaciones en estos años pese a que el crimen organizado fue mutando y creció tanto en el país como en el mundo.
En casi medio siglo, hubo un cambio en el tipo y manejo de bienes que requieren de una normativa actualizada. Así lo entiende el consorcio de organizaciones que acompañan el proyecto entre las cuales se encuentra Líbera (una asociación italiana compuesta de una gran cantidad de OSC), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Fundación Multipolar y Circolo Giuridico de Argentina.
La iniciativa, que es respaldada por la delegación de la Unión Europea en Argentina, tiene tres objetivos bien claros: reorganizar la justicia, combatir el delito y reparar el daño social. Lo que impulsan las organizaciones es generar un marco legal claro que permita a las autoridades rastrear, incautar y administrar los bienes obtenidos por las organizaciones criminales. Además, fortalecer la cooperación entre las instituciones, y mejorar la capacidad investigativa y judicial en este ámbito.
Con la propuesta vienen trabajando desde hace años. Ya se hicieron capacitaciones que brindaron jueces y fiscales antimafias italianos a colegas locales. También una serie de charlas para dar a conocer el proyecto y las experiencias en otros países. En un encuentro abierto, realizado a mediados de junio en la Ciudad de Buenos Aires, el juez federal Sebastián Casanello, en su calidad de impulsor y asesor técnico-legal, explicó que “es un proyecto de administración de bienes nacido de la sociedad civil y pensado para la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal. Hoy administrar los bienes suele ser visto como un problema y ésto sería una solución rápida y eficiente“.
Para el magistrado, especializado en la investigación y juzgamiento del crimen organizado transnacional, “Argentina no tiene actualmente un sistema racional de administración de bienes recuperados”. Además de la investigación judicial de los casos, con esta iniciativa lo que apuntan es a que “haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”.
Experiencias en Italia y Colombia
Por su parte Bruno Corda, reconocido experto en la lucha contra el crimen organizado en Italia, destacó la importancia de contar con una normativa clara. Según Corda, la experiencia italiana demuestra que una legislación robusta, combinada con una cooperación entre las autoridades y la sociedad civil, puede ser efectiva en el combate contra el crimen organizado. En este sentido, elogió el proyecto Bien Restituido señalando que es un paso importante.
“En Italia hemos enfrentado fuertemente a la criminalidad organizada mediante el desarrollo de una normativa articulada y compleja para combatir desde el punto judicial y penal”, sostuvo y subrayó que las casas, empresas, terrenos, embarcaciones incautadas a las organizaciones mafiosas deben tener un destino pensado previamente. “Es clave actuar de manera rápida y eficaz” para que no se pierda el capital con el paso el tiempo y las vueltas burocráticas.
En tanto, José Daniel Rojas Medellín, experto en temas de seguridad y crimen organizado en Colombia, expresó su apoyo a la iniciativa de legislar sobre la recuperación de bienes en Argentina. Según Rojas Medellín, la experiencia colombiana también ha demostrado que una ley fuerte es fundamental para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado y despojar a las organizaciones criminales de sus recursos económicos. Y resaltó la importancia de una cooperación regional para intercambiar buenas prácticas y fortalecer la lucha contra el crimen transnacional.
“Hay un impacto económico y social cuando los bienes pasan a ser de la política del país. Es un paso positivo de la ilegalidad a la legalidad”, indicó el especialista que es presidente de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia, aunque aclaró la importancia de analizar seriamente los destinos. “Muchas veces se destinan a entidades públicas para las que en lugar de un beneficio terminan resultando un costo de mantenimiento. Nuestra misión es la generación de un valor público donde ciudadanía y estado se unan para generar riqueza”.
Bienes incautados en números
El Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal (RNBSD) fue creado en 2011 con el fin de identificar, registrar, valuar y localizar los activos de origen ilícito. El área depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el portal de datos abiertos se puede acceder a información, aunque no de forma completa.
En el año 2018, la Corte Suprema, a través de la acordada Nº2/2018 aprobó el Reglamento de Bienes Decomisados. Allí fija pautas para la utilización de los efectos secuestrados en causas penales que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados con finalidad pública.
De acuerdo a un documento elaborado por Bien Restituido y Analytica Consultora, publicado en julio de 2022, la información disponible no permite la aplicación exhaustiva de la metodología y tampoco conocer el costo de los tiempos actuales del decomiso. Durante el periodo 2015-2020, el valor total de automotores, dinero, aeronaves y buques estimado asciende a $617.173.750. Fueron bienes decomisados disponibles públicamente y con datos completos por lo que se estima que ese monto es al menos un 38% mayor llegando a los $854 millones.
El informe a su vez aclara que si se utilizan también aquellos registros que no presentan fechas, el monto total estimado ascendía a $4.973.5 millones, lo que representaba 66 veces el presupuesto vigente para 2022 del programa Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata o más del doble del destinado en el mismo período al Programa Protección de Víctimas de Violencias, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto de ley Bien Restituido ingresó en diciembre de 2022 a la Cámara de Diputados de la Nación con la firma de legisladores de diferentes fuerzas políticas y el aval del Papa Francisco.
