La presentación del pasado jueves 13 de junio estuvo a cargo de Sebastián Casanello, juez federal; Ramiro Gutierrez, diputado nacional y Lucas Manjon, coordinador del proyecto Bien Restituido. La actividad estuvo a cargo de Margarita Stolbizer y Manuel Garrido, directores de la Cátedra Libre “Corrupción y Derechos Humanos” de la UNLP.
El proyecto de Ley Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados, fue elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del proyecto “Bien Restituido”. De aprobarse esa propuesta, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales. En un contexto en donde la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos.
El proyecto es impulsado por “Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, un proyecto financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales. En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron, además de las referidas organizaciones, jueces/zas y fiscales/as, y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.
El diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez, quien presentó oficialmente el proyecto Bien Restituido en la Cámara de Diputados aseguró que se trata de una iniciativa “en defensa de los intereses nacionales y la seguridad pública”. Hablamos de una nueva legislación que provee un sistema racional de administración moderno, donde se respete el ejercicio de la jurisdicción pero se excluya la arbitrariedad, y donde se asegure una gestión eficiente de los bienes sin sacrificar derechos y garantías.
Por su parte, Margarita Stolbizer afirmó que “poner a la víctima como figura central en el proyecto de ley implica reconocerlas” y destacó “el derecho a participar y a la reparación”, así como que “el autor del delito no pueda seguir gozando de los bienes fruto de la corrupción .Cuando hablamos de la víctima como centro queremos decir que en la corrupción la víctima es la sociedad”, agregó la legisladora y señaló que la mejor forma de privar al autor del delito del bien en cuestión “es que vuelva a la sociedad”.
