El encuentro comenzó hoy jueves 30 de mayo en la Facultad de Derecho (UBA) y continuará mañana
en el Congreso de la Nación. Organizan COPOLAD, el proyecto Bien Restituido junto a Gafilat, y
cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.
Las acciones para combatir al crimen organizado son más eficaces cuando la normativa
jurídica contempla medidas para atacar el patrimonio acumulado ilegalmente. Según datos
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo el 1% de los recursos ilícitos se
recupera en favor de la sociedad. Hasta el momento, Italia es el único país que cuenta con
un sistema de administración de bienes con perspectiva de reutilización social, que
promueve su recuperación y reutilización de manera eficiente y evita que se deterioren. De
aprobarse el proyecto enviado recientemente al Congreso de la Nación, Argentina se
convertiría en el segundo caso del mundo y en el primero de Latinoamérica.
Frente al gran desafío que las Administraciones Públicas tienen para combatir de manera
más eficiente al narcotráfico a través de la persecución de los activos de crimen organizado,
el programa creado y financiado por la Unión Europea, COPOLAD III, orientado a la lucha
contra las drogas, y Bien Restituido, un proyecto co-financiado por la Unión Europea que
promueve la recuperación de bienes para su uso social, n están llevando adelante junto al
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) un Seminario internacional sobre
recuperación, administración y destinación para uso social y comunitario de activos
decomisados al narcotráfico y crimen organizado.
La actividad inició hoy, jueves 30 por la mañana, en la Facultad de Derecho (UBA) con un
diálogo técnico entre organismos de administración y de destinación de bienes decomisados
en América Latina y en Europa. Participaron los responsables de las agencias
administradoras de activos decomisados de Argentina, Italia, España, Francia, Colombia,
Brasil, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y otras instituciones vinculadas a esta
temática de 19 países de Europa, América Latina y el Caribe, así como organizaciones de la
sociedad civil.
Una de las referentes italianas, Tatiana Giannone, integrante de Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie (Italia), destacó: “Hoy, 28 años después de la aprobación de la ley
italiana sobre la reutilización social de los bienes confiscados, el compromiso de Libera para
promover esta vía regulatoria es aún más fuerte. El objetivo de este compromiso es
transformar los bienes confiscados, que antes eran el reflejo del poder mafioso, en bienes
comunes, herramientas al servicio de nuestras comunidades. Confiscar los activos del
crimen organizado y reutilizarlos nos permite construir caminos de experiencias de
proximidad que cambian radicalmente nuestras vidas. Abrir lugares confiscados y hacer que
sean administrados por la sociedad civil organizada tiene el profundo significado de
construir una respuesta a la presencia del crimen, para una comunidad en la que nadie se
sienta excluido”.
En el caso de Argentina Lucas Manjon, coordinador del Proyecto Bien Restituido, explicó la
situación de Argentina: “La ley que regula la administración de bienes cautelados y
decomisados es del año 1974, se necesita actualizar la normativa a los desafíos actuales.
Además de una normativa moderna, transparente y eficiente debe hacerse hincapié en dos
puntos que son centrales para el desarrollo de una política de este tipo: el consenso y la
participación de la sociedad civil. Si no existe el consenso político para el desarrollo de un
programa que enfrente a las organizaciones criminales de estos tiempos va a ser imposible
avanzar y si no se cuenta con el apoyo de la sociedad civil, impulsando y trabajando codo a
codo con el Estado, la política queda trunca antes de comenzar. Por eso desde Bien
Restituido nos preocupamos por lograr el máximo consenso en torno a una política pública
de este tipo”.
El seminario continuó por la tarde con tres conferencias abiertas al público, que dialogaron
sobre recuperación, administración y disposición de bienes decomisados, marcos
normativos y experiencias de reutilización social de bienes decomisados.
Las conferencias contaron con la presencia de la Directora de Asistencia Jurídica
Internacional de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Aldana Rohr; el Embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico;
el Decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara; el Director de la Agencia
Nacional para la Administración y el Destino de los Bienes Incautados y decomisados a la
Delincuencia Organizada de Italia (ANBSC), Bruno Corda; el Presidente de la Sociedad de
Activos Especiales de Colombia Daniel Rojas, el representante del Fondo de Bienes
Decomisados de España, Luis Montero; el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin, entre otros.
“En la Unión Europea apostamos por la cooperación internacional para hacer frente al
crimen organizado. Por ello creamos y financiamos COPOLAD. Pero la problemática no
termina con la confiscación de bienes, y de ahí nace nuestra decisión de co-financiar el
proyecto “Bien Restituido” que podría convertir a la Argentina en el segundo país del mundo
en tener una ley de decomiso de bienes con fines sociales. Que la ganancia de la
delincuencia organizada se convierta en un “bien común” al servicio de las comunidades
afectadas por esta problemática. Esta es la verdadera justicia restaurativa que permite
fortalecer nuestras democracias”, aseguró el Embajador de la Unión Europea en Argentina,
Amador Sánchez Rico.
Por su parte, Borja Díaz, director del Programa COPOLAD III/FIIAPP, destacó: “El combate
contra el narcotráfico debe estar acompañado por una acción social, que permita recuperar
territorios dañados por la presencia del crimen organizado, reconstruyendo la confianza
entre estos territorios y el Estado. La dedicación a fines sociales y culturales de los bienes
incautados cumple con este objetivo”.
El objetivo del Seminario es difundir a nivel internacional la reutilización social de los bienes
decomisados y su impacto positivo en cuatro dimensiones: una dimensión judicial con la
afirmación del principio de legalidad y represión de los fenómenos económicos criminales.
Una dimensión económica, con la restitución directa al territorio de los recursos sustraídos
ilegalmente. Una dimensión política, cuando el Estado logra recrear un vínculo con los
ciudadanos e imponer su presencia sobre el control mafioso. Una dimensión social y
cultural, cuando los bienes confiscados se convierten en un signo de “reeducación” para el
territorio, acostumbrado a pasar por alto ciertos abusos.
Contexto
El proyecto financiado por la Unión Europea, Bien Restituido, busca que activos, como autos,
barcos, casas, campos, aviones que han sido instrumento, producto y provecho de
actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales. Recientemente,
en Argentina se presentó con la firma de más 30 diputados y diputadas de distintos
bloques, el proyecto Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y
Decomisados. De aprobarse, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y
reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales. En un contexto en donde la
violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de
realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos.
Por su parte, el programa de cooperación de la Unión Europea sobre drogas COPOLAD III,
implementado por un consorcio de una organización pública española, FIIAPP y la
Organización Italo-Latinoamericana IIILA, ha puesto al centro de su estrategia de
implementación la lucha contra el lavado de activos y colabora a nivel regional y bilateral
con organismos intergubernamentales e instituciones nacionales en el fortalecimiento de las
estrategias para la identificación, recuperación y destinación para fines sociales de los
activos decomisados a los narcotraficantes.
En el caso del GAFILAT, el GAFI acaba de aprobar unos cambios en los estándares
internacionales internacionales para fortalecer la recuperación de activos y entre los ajustes
realizados a las Recomendaciones del GAFI se invita a los países a “considerar el
establecimiento de un fondo de recuperación de activos decomisados en el que todos, o una
parte de los bienes decomisados se depositen para el cumplimiento de la ley, la salud,
educación u otros fines apropiados”.
