Una iniciativa de Bien Restituido, que contó con el apoyo de la agencia New Creative Sciences, liderada por el publicista argentino, Carlos Bayala.
Esta semana, los alrededores del Congreso de la Nación amanecieron empapelados con llamativos afiches en los que podían leerse frases como “Un narco pobre. Una sociedad más rica”, “Los bienes incautados a la mafia equivalen al 0,4% del PBI. Liberarlos y dárselos a la sociedad es tarea de este Congreso”, y “La peor pesadilla del narco: que le saquen sus bienes y se los devuelvan a la sociedad”. Todas las consignas cierran con el llamado a la acción: “Imagine una sociedad con narcos sin guita y sus bienes volviendo a la sociedad. ¡Apoyemos la Ley 1314/2024”
¿A qué refieren estos afiches?
Esta campaña busca visibilizar el proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados, presentado en el mes de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación, que cuenta con el apoyo mayoritario de diversos bloques parlamentarios.
En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron la coalición de organizaciones de la sociedad civil integra el proyecto “Bien Restituido”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Libera (Italia), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina. También fueron claves en su elaboración diputados/as, jueces/zas y fiscales/as, y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.
De aprobarse, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales. Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 700.000 millones de pesos. Si el Congreso aprueba este proyecto, Argentina se convertiría en el segundo caso del mundo en tener una ley de administrar de los bienes recuperados del crimen organizado después de Italia y en el primero de Latinoamérica.
¿Qué propone el proyecto de ley?
- Aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado.
- Transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen organizado.
- Desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados.
- Garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales.
- Poner a cargo de una agencia autosustentada y especializada la gestión y administración de estos activos.
Con estas propuestas, el proyecto abre la discusión sobre la necesidad de establecer un nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente. Permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.
Sobre Bien Restituido
Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil es un proyecto financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.
Actualmente, en Argentina los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial, pero el sistema está funcionando de manera deficiente, lo que perjudica a la sociedad en su conjunto. Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 700.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico. Además, no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales. Por último, la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.
