El pasado martes 15 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió la Acordada 22/2025, estableciendo un nuevo sistema para la gestión de bienes secuestrados y decomisados. Esta medida reconoce la necesidad de transparentar y hacer más eficiente su administración, incorporando de forma explícita la posibilidad de reutilizarlos con fines sociales, en cumplimiento del deber estatal de reparar a las víctimas del crimen organizado y generar mecanismos de prevención articulados con otros actores.
Desde el proyecto Bien Restituido —impulsado hace más de cuatro años junto a los tres poderes del Estado y la sociedad civil— valoramos este avance, y subrayamos la relevancia de garantizar una reutilización social amplia, transparente y eficaz de estos bienes. Organismos del Estado y organizaciones sociales que enfrentan día a día las consecuencias del crimen organizado en los territorios podrían acceder a estos recursos, fortaleciendo su tarea y ampliando el impacto reparador del Estado.
No obstante, también advertimos sobre los riesgos de repetir errores del pasado, derivados de una normativa obsoleta —la ley vigente fue sancionada en 1974— y de un sistema que aún depende de acordadas de la Corte. A su vez, tampoco se establecen criterios claros de prioridad ni mecanismos transparentes de asignación y control.
La experiencia nacional e internacional demuestra que la administración de estos bienes requiere estructuras especializadas y autónomas, con personal capacitado y recursos adecuados. Delegar esta tarea en jueces y fiscales, sin brindarles las herramientas necesarias, es ineficiente y los aleja de su rol central: impartir justicia.
La reutilización social de bienes no puede ser concebida como un simple descarte de bienes a los que el Estado no les encuentra utilidad, sino como una herramienta estratégica para reparar, prevenir y construir confianza democrática, especialmente en las regiones más afectadas por el crimen organizado.
Seguimos insistiendo en la necesidad de un debate legislativo para avanzar en una normativa integral. El proyecto presentado por Bien Restituido, que cuenta con consensos en ambas cámaras, es un buen punto de partida. Ponemos a disposición de la Corte Suprema y de todos los actores involucrados nuestras experiencias, informes técnicos y herramientas digitales desarrolladas en estos años, con el compromiso de seguir construyendo soluciones eficaces y federales frente a un fenómeno de enorme complejidad.
