Con un apoyo mayoritario de diversos bloques parlamentarios, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados, elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del proyecto “Bien Restituido”. De aprobarse esa propuesta, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales. En un contexto en donde la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos.
Esta iniciativa fue impulsada por “Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, un proyecto financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales. En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron, además de las referidas organizaciones, jueces/zas y fiscales/as, y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.
Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial, pero el sistema está funcionando de manera deficiente, lo que perjudica a la sociedad en su conjunto. Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 100.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico. Además, no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales. Por último, la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.
¿Qué propone el proyecto de ley?
- Aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado.
- Transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen organizado.
- Desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados.
- Garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales.
- Poner a cargo de una agencia autosustentada y especializada la gestión y administración de estos activos.
Con estas propuestas, el proyecto abre la discusión sobre la necesidad de establecer un nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente. Permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.
